Plebiscito, tierras y violencia política

La usurpación de las tierras, la exclusión social , el abandono del estado y la violencia política son las principales causas de más de 52 años de conflicto armado en Colombia.

El último censo agrario indica que el 0,4 % de los propietarios tiene el 40% de las tierras. Eso es insostenible. Desde esa perspectiva constituir un fondo de tierras y un sistema de repartición equitativa es una cosa de elemental justicia social.

Las guerrillas de los llanos, que luego formaron las FARC, surgieron de campesinos excluidos de la frontera agrícola, que reivindicaban el acceso a la propiedad de la tierra.

En la Ley 200 del año 36: los campesinos podían reclamar al Estado que se decomisaran las tierras donde no había título de propiedad y las “inadecuadamente explotadas”.
Tan pronto los campesinos comenzaron a denunciar predios que no tenían títulos, o que estaban inadecuadamente explotados, fueron reprimidos por las bandas de “pájaros”, equivalentes a las “águilas”  (paramilitares) de ahora, y se desató un fenómeno de violencia contra el campesinado. Sectores latifundistas utilizaron la fuerza para sacar a los campesinos y pedir el archivo de la reforma agraria. Después llegó la violencia de los años 50. 

En Colombia los estándares de acceso a salud, vivienda, educación y servicios básicos es mucho más bajo en las zonas rurales que en las urbanas. En Chocó, por ejemplo, la población tiene un índice de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) del 70 por ciento. El hecho de tener este altísimo índice de NBI, ya de por sí es un hecho de violencia, al que podríamos denominar “violencia institucional”

Cuando se habla del fin del conflicto  queda implícito que se refieren a la conflicto armado con las FARC, pero la realidad es que Colombia sufre una violencia política que excede a la practicada por los movimientos insurreccionales. Aún en la actualidad continúan las matanzas los grupos paramilitares y sus herederas “bacrim” (pequeñas y novedosas bandas formadas por sicarios), también las fuerzas del Estado están involucradas en numerosos hechos de violencia.

Dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa , 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 4.500 de sus militantes fueron sometidos a exterminio físico y sistemático por grupos paramilitares , miembros de las fuerzas de seguridad del estado (ejército, policía secreta, inteligencia y policía regular) y narcotraficantes. Muchos de los sobrevivientes al exterminio abandonaron el país. Todos ellos integrantes de la Unión Patriótica fundada en el año 85 con miembros desmovilizados del ELN y las FARC entre otros.

Esta historia de violencia política en Colombia no puede dejarse de lado al momento de analizar o pensar los resultados del plebiscito, las abstenciones y sus consecuencias.

El miedo a la participación política se instaló adrede desde hace ya muchos años, a la par que se fortalecía en el país un modelo neoliberal que tendía a despolitizar a la sociedad civil. Hoy podemos observar como ante un hecho histórico como lo fue consultar al pueblo sobre un acuerdo de paz para Colombia, los frutos de la despolitización y la apatía se hicieron presentes logrando un nivel de abstencionismo cercano al 70%.

A tener en cuenta: el domingo 2 de octubre votó poco más del 30% del electorado, de ese 30, la mitad votó NO, lo que hace que el No haya sido votado con un 15 % del electorado.

Un 15 % del total de electores de Colombia definió una instancia trascendental para la historia colombiana. Este porcentaje demuestra que el terror impartido durante más de 60 años ha triunfado.

Se abre ahora una nueva etapa de negociación, se deberán sumar nuevos actores a los equipos negociadores. Ayer, 3 de octubre, en la primer reunión convocada por el Presidente Santos a todas las fuerzas políticas, el uribismo del Centro Democrático dijo ausente.

 R.N